El 5 de abril de 2017, decenas de patrullas y cientos de policías incursionaron en Arantepacua y abieron fuego indiscriminadamente. Se documentaron cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 actos de tortura, 38 tratos crueles y 48 detenciones arbitrarias. A nueve años, aún no hay justicia.
El operativo se dio en medio de un conflicto territorial con la comunidad de Capacuaro. Días antes, los arantepakuenses habían bloqueado carreteras en reclamo de sus tierras. Ante ello, el gobierno de Michoacán, entonces encabezado por Silvano Aureoles Conejo, respondió con balas y vejaciones.
El secretario de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) era Juan Bernardo Corona Martínez; dejó el cargo en marzo de 2019, entre presiones. El secretario de Gobierno (Segob) era Adrián López Solís; en febrero de 2019 asumió la Fiscalía General del Estado (FGE), señalado como “fiscal carnal“.
Arantepacua: una recomendación de la CDNH y un fiscal carnal
Según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que derivó en la recomendación 42/VG/2020, el Estado incurrió en violaciones al derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia.
Pese a la documentación de los hechos y las movilizaciones en exigencia de justicia, el caso transcurrió sin novedades en el sexenio de Auroles Conejo. En 2021 asumió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien se comprometió a emprender la reparación integral del daño y a pedir una disculpa pública.
En 2025, López Solís envió al Congreso de Michoacán una carta en al que expresaba su deseo de dejar la FGE. Tras el procedimiento de ley, lo relevó Carlos Torres Piña, designado por casi la unanimidad de las diputaciones, pero entre voces ciudadanas que lo señalaban como el nuevo fiscal a modo.
FGE promueve carpeta en la FGR por el caso Arantepacua
No obstante, hubo un cambio, y los propios comuneros lo reconocen. La Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), en ese momento encabezada por la ahora magistrada Azucena Marín Correa, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos.
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En abril de 2025, la comunidad p’urhépecha de Arantepacua no se movilizó en Morelia, como había sido habitual cada año desde 2017, sino en la Ciudad de México, en exigencia de que la FGR tomara el caso en serio. En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaba en Michoacán.
Mediada por una investigación robustecida por la FGE de Torres Piña, el viernes 27 de marzo de 2026, en la antesala del noveno aniversario, se dio a conocer que la FGR giró 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios del gobierno silvanista, entre ellos, el gobernador y el tituar de la SSP.
Órdenes de aprehensión contra silvanistas, sólo un paso: Arantepacua
Esto es apenas un paso, expresaron los comuneros; falta, agregaron, que los metan a la cárcel. También, añadieron, concluir un hospital, una unidad deportiva, un centro de capacitación para el trabajo y una universidad, obras que forman parte del plan de reparación integral del daño.
Ramírez Bedolla declaró recientemente que ya había pedido disculpas públicas en nombre del gobierno de Michoacán, aunque los hechos no ocurrieron durante su sexenio. Sin embargo, los representantes de la comunidad advirtieron que no la aceptarían hasta que el proceso esté concluido.
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Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), en su momento encabezada por Josué Alfonso Mejía Pineda, dio acompañamiento psicológico y una indemnización a las víctimas indirectas de las ejecuciones, entre eśtas, la de un joven menor de edad.
Comuneros de Arantepacua persisten en su exigencia de justicia
Este 2026, Arantepacua, municipio de Nahuatzen, develará un memorial en su pueblo, en honor a las y los comuneros víctimas de los hechos de 2017. Esto, el domingo 5 de abril por la tarde. El lunes tienen programada una movilización en Morelia, para continuar con la exigencia de justicia.
Las movilizaciones siempre han sido de mucha intensidad. Por ello, desde el sábado 4, la administración estatal instaló vallas metálicas para proteger el Palacio de Gobierno en la capital de Michoacán. La expectativa es que la movilización del lunes no será la excepción.
El gobierno de Silvano Aureoles concluyó sin mayor avance, pese a los fuertes señalamientos sociales e institucionales. Tuvo que salir López Solís para que las labores se aceleraran en la FGE. Está por verse si los dos años que le quedan a Alfredo Ramírez le alcanzarán para poner su parte.