Morelia, Michoacán a 17 de marzo de 2025.- De aprobarse el Plan B, el Congreso de Michoacán perdería casi la mitad de su presupuesto. Esto resulta del paquete de iniciativas que presentó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el Congreso de la Unión le rechazara su primer proyecto de reforma electoral (Plan A).
En conferencia de prensa presidencial matutina, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el proyecto propondría que los congresos locales no puedan tener un presupuesto mayor al 0.7 por ciento de todos los ingresos de sus respectivos estados.
En el caso de los congresos locales, el tope presupuestal se hace del .7 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. El monto no puede ser superior a este tope.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación de México
Ahora bien, Michoacán proyecta un presupuesto de 107 mil 884.6 millones de pesos para el año 2026; de éstos, mil 307 son para el Poder Legislativo, el 1.2 por ciento del total. Si el Plan B se aprueba, se le tendrían que recortar 553 millones 807 mil pesos, esto es, 42 por ciento de su bolsa actual.
La titular de la Segob explicó que el proyecto busca acabar con los gastos innecesarios y los privilegios que persisten en el sistema democrático mexicano, a lo cual responden ésta y otras iniciativas que incluye. El dinero ahorrado sería para atender las necesidades de los estados y municipios.
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Qué es el Plan B de la presidenta Sheinbaum y qué reformas incluye
El “Plan B” es una iniciativa de Claudia Sheinbaum, después de que le rechazaran una reforma electoral a la Constitución Política de México. El Plan A planteaba, entre otras cosas, cambiar la manera de elegir a las diputaciones de representación proporcional, mejor conocidas como “pluris“.
El Plan B plantea topes de gastos a los congresos estatales y a los ayuntamientos. En este segundo aspecto, plantea que los ayuntamientos deberán no tener más de 15 regidurías y una sola sindicatura. Actualmente, argumenta, hay un abuso de estas figuras.
Establece que nadie puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, ni las personas consejeras en los órganos electorales ni las magistradas en los tribunales electorales; tampoco, ningún dirigente o dirigenta de los partidos políticos. Aplicaría para los ámbitos nacional y local.
Por último, el proyecto pretende homologar los mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas, con el fin de promover que el pueblo tenga cada vez un mayor acceso a la toma de decisiones. También cambia cuándo se puede solicitar la revocación de mandato de la Presidencia.
La iniciativa fue enviada al Senado, donde se deberá analizar y, en caso de ser aprobada, sería turnada a la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde ahora ya se debate hasta qué punto la Federación tiene facultades para regular a las entidades, y sobre los efectos políticos de estos cambios.